- La nueva Secretaría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y representantes de poderes locales y sociedad civil se comprometieron a fortalecer la protección, igualdad e inclusión, con especial atención a colectivos vulnerables.
Guanajuato, Gto.- a gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo encabezó el 2° Foro Estatal de Derechos Humanos “Todas las Personas, Todos sus Derechos”, donde reafirmó que los derechos humanos ―lejos de ser concesiones― son garantías inherentes e inviolables para toda persona; el foro reunió a autoridades, sociedad civil y especialistas con el fin de renovar compromisos institucionales hacia la protección, la inclusión y la no discriminación.
Durante su intervención, la mandataria destacó que la dignidad humana debe ser el eje rector de toda política pública y de cada decisión de gobierno, subrayando la importancia de garantizar igualdad real de oportunidades, especialmente para grupos vulnerables: migrantes, comunidades indígenas, personas con discapacidad, así como población de diversidad sexual y de género.
Se resaltó la creación de la Secretaría de Derechos Humanos como un paso fundamental para institucionalizar la protección de garantías individuales, al tiempo que se presentaron acciones afirmativas y políticas diferenciales orientadas a reducir desigualdades estructurales.
El foro también permitió el diálogo entre autoridades del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, organizaciones de la sociedad civil y académicos, con quienes se revisaron estrategias para garantizar el acceso a la justicia, promover la cultura de respeto y dignidad, y erradicar toda forma de discriminación.
Además, se compromete a impulsar reformas normativas, programas de educación en derechos humanos, fortalecimiento institucional, así como mecanismos de seguimiento y protección para víctimas de violaciones a derechos fundamentales. Con ello, Guanajuato busca consolidarse como ejemplo estatal de respeto, inclusión y justicia social. +1
La gobernadora enfatizó que este compromiso debe traducirse en resultados tangibles: una administración más sensible, políticas transversales con enfoque de derechos y una sociedad donde todas las personas —sin excepción— tengan garantizado su derecho a vivir con dignidad.
